mientras Veracruz Sigue de luto, entrando a sus muertos y contabilizando los daños de una tragedia anunciada, el gobierno federal ha encontrado una nueva urgencia: cobrar más impuestos.
No importa que haya 600 mil millones de pesos evaporados en el llamado fiscal de huachicol. No importa que los responsables de ese saqueo histórico sigan sin una sola orden de aprehensión. Lo que importa, según la lógica oficial, es que el albañil pague más por su refresco y que el fumador financie el mercado negro del tabaco.
La reforma al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que impulsa Morena no es una política de salud pública: es el reflejo de un gobierno que dilapidó el erario y ahora busca desesperadamente recaudar de donde sea, como sea. Y lo hace con la misma narrativa moralista que ha caracterizado este sexenio: culpar al ciudadano de a pie de todos los males mientras protege la impunidad de los poderosos.
Hablemos claro. Si realmente les preocupara la salud de los mexicanos, ¿por qué gravan por igual las bebidas azucaradas y los refrescos sin azúcar? ¿Cuál es la lógica sanitaria de cobrar el mismo impuesto a una bebida light que a una saturada de calorías? No hay lógica. Solo hay necesidad de evaluación.
Piensen en el trabajador veracruzano que perdió su casa en las inundaciones, que gana 300 pesos al día si tiene suerte, y que bajo el sol inclemente ese necesita refresco para obtener el golpe calórico que le permita continuar su jornada. Ese hombre, víctima de la incompetencia gubernamental que no previno la tragedia, ahora será castigado por buscar un momento de alivio. Mientras tanto, los responsables del mayor fraude fiscal en la historia del país siguen intocables.
Y luego está el caso del tabaco, donde la irresponsabilidad legislativa alcanza niveles criminales. Hoy, al menos el 20% del mercado de cigarrillos en México está controlado por el crimen organizado, que vende cajetillas a 20 pesos. Si esta reforma se aprueba y el precio de una cajetilla legal se dispara a más de 100 pesos, ¿qué creen que ocurrirá? El mercado ilegal pasará a controlar más del 50%. No estaremos combatiendo el tabaquismo: estaremos financiando al narco.
Pero quizás lo más revelador de esta reforma es el capítulo de los videojuegos. En la legislatura anterior, Morena prohibió los vaporizadores con prisa inusitada, justo después de que un menor fuera captado vapeando en el despacho de su poderoso padre. Ahora quieren grabar los videojuegos “violentos”. ¿Será que no soportarán que Fortnite contradiga su lema de “abrazos, no balazos”?
Lo verdaderamente tóxico para la niñez mexicana no está en una consola Nintendo, sino en ver cómo personajes como Andy y Bobby delinquen con absoluta impunidad, protegidos por el poder.
Cada decisión de este gobierno revela sus verdaderas prioridades. Mientras las familias veracruzanas reconstruyen sus vidas con sus propias manos, mientras los voluntarios gastan más en casetas de peaje que en gasolina para llevar ayuda a los damnificados, el Estado se preocupa más por cobrar que por socorrer. Cada caseta funciona hoy como una trinchera contra la solidaridad.
La justicia en México tiene dos velocidades: una para quien se roba un refresco en el Oxxo y otra para quien se roba 600 mil millones. Una para el ciudadano común que busca un pequeño placer en medio de la adversidad, y otra para los responsables de la corrupción estructural que ha vaciado las arcas públicas.
Los impuestos que hoy se proponen no nacen de una visión de Estado. Nacen de la desesperación de un gobierno que gastó lo que no tenía en obras que no servían, que entregó millas de millones a proyectos faraónicos mientras desmantelaba el sistema de salud, que habla de justicia social mientras exprime a los trabajadores.
Veracruz espera. Espera que el agua baje, que llegue la ayuda real, que alguien en el gobierno voltee a ver su tragedia con la misma urgencia con la que voltean a ver nuestros bolsillos. Pero lo único que recibe es más carga fiscal, más desprecio disfrazado de política pública, más señalamientos morales de quienes han convertido la corrupción en sistema de gobierno.
Los errores de arriba siempre se cobran abajo. Y esta reforma es la prueba más clara de que, en la Cuarta Transformación, la incompetencia de unos cuantos se convierte en impuestos para todos.
POR LORENA PIÑÓN RIVERA
DIPUTADA FEDERAL
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