La propuesta de reforma al Poder Judicial en México ha escalado a un nivel de preocupación internacional, generando tensiones diplomáticas con Estados Unidos y Canadá, y alertas de organismos económicos globales. La iniciativa, que el gobierno federal mantiene sin cambios, enfrenta un paro de trabajos de los trabajadores judiciales que supera los diez días, mientras voces internacionales advierten sobre sus posibles repercusiones en inversiones, economía y seguridad.
Escalada de Preocupaciones Diplomáticas y Económicas
Las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre los riesgos de la reforma judicial, fueron calificadas de injerencistas por el presidente de México, quien afirmó que ponía en pausa las relaciones con Estados Unidos y Canadá. Esta postura fue secundada por el embajador canadiense. Posteriormente, los comités de asuntos externos del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos, con apoyo bipartidista, avalaron las preocupaciones de Salazar, señalando que la reforma podría poner en riesgo el Tratado de Libre Comercio y las inversiones estadounidenses en México.
La tensión se intensificó cuando el subsecretario del Departamento de Estado para América Latina de Estados Unidos refrendó con mayor fuerza las advertencias. La situación ha llegado “a las puertas de la Casa Blanca”indicando una política de Estado estadounidense sobre el tema. No solo Estados Unidos y Canadá han expresado inquietudes; la Unión Europea y diecisiete consultoras y calificadoras internacionales han coincidido en que la reforma es “peligrosa” para las inversiones y el Tratado de Libre Comercio, cuyas renegociaciones están previstas para 2025 y 2026. Medios de referencia mundial, desde The New York Times hasta The Economist y El País, han publicado artículos críticos sobre la iniciativa, con México siendo portada y nota principal del New York Times por segunda ocasión.
El Factor China y la Incertidumbre para Inversiones
En este contexto de efervescencia, el gobierno de China hizo una declaración pública apoyando al presidente López Obrador y reclamando a Estados Unidos por “actitudes injerencistas” en México. Esta intervención, según los analistas, no contribuye a la situación, especialmente considerando la disputa comercial entre Estados Unidos, Canadá y China. México es un punto clave en esta disputa, ya que muchas empresas chinas buscan asentarse en el país para vender productos, como automóviles eléctricos, en el mercado estadounidense, lo que Estados Unidos percibe como una forma de *dumping*. Canadá, por ejemplo, ha impuesto aranceles significativos a productos chinos.
La preocupación de Estados Unidos radica en la percepción de que México no actúa como un aliado en esta disputa comercial. Además, la reforma judicial genera inquietud sobre la autonomía e independencia de los tribunales mexicanos, que tradicionalmente han sido el mecanismo para dirimir diferendos en la compleja relación bilateral y en materia de inversiones. Ante esta incertidumbre, algunas empresas ya están invirtiendo en México con cláusulas que estipulan que cualquier diferendo legal se dirimirá en los tribunales de Nueva York, mientras que otras prefieren esperar antes de comprometer sus capitales.
La situación ha llevado a declaraciones de figuras políticas mexicanas. Claudia Sheinbaum, quien se perfila para iniciar su administración en este escenario, expresó que no veía por qué debería haber problemas en las relaciones con Estados Unidos. Por su parte, el presidente López Obrador minimizó la complejidad del sistema legal:
“Tampoco es tan complicado, tan complejo el derecho. Lo que se estudia, lo que se ve en la Facultad de Derecho, con eso no es nada complicado.”
Los analistas advierten que, dada la profunda integración económica y social entre México y Estados Unidos, especialmente en la frontera, cualquier debilitamiento de esta relación podría ser un “costo monumental” para el país.
